Balance Omic Ana Blanco

Ana Blanco, delegada de la OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor), realizó hoy un balance de las actividades de la citada oficina el pasado y aseguró que las consultas atendidas fueron 2.050. Las visitas a lo largo del año fueron 1.570, de las que repitieron 480 personas. “Además”, añadió la delegada, “no sólo tenemos visitas de personas que residen en Mérida, sino también de las poblaciones cercanas, siendo la localidad de Calamonte de donde vienen más a consultarnos”.

La edad media de las personas que acuden a la OMIC está entre los 36 y los 40 años, siendo los hombres quienes más la frecuentan, aunque cada día son más mujeres. En cuanto a los menores de 20 años y los mayores de 65, todavía es una asignatura pendiente lograr que se personen en la oficina.

La OMIC es un servicio que viene prestando al Ayuntamiento desde hace 30 años, “precisamente”, puntualizó Ana Blanco, “ el pasado día 1 de enero se cumplieron los 30 años de la puesta en marcha de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Mérida”.

Destacó también las 854 reclamaciones que se atendieron en el sector de la telefonía, seguidas de 150 de los servicios bancarios y 115 sobre la reparación de electrodomésticos. Se han visto incrementados también el sector de los seguros y la electricidad. Ha habido, sin embargo, menos consultas de alquiler de viviendas, en sanidad pública o privada y en reparaciones de automóviles. Destacó la delegada que bajaron también las reclamaciones y consultas en el sector de la hostelería, algo muy importante en una ciudad turística como es Mérida. Lo que demuestra que se dan mejores servicios a los que nos visitan.

Otros datos de interés son, tal como dio a conocer Blanco, las 419 intermediaciones, de las que 296 se han resuelto favorablemente. Asimismo, hubo 102 denuncias, lo que quiere decir que se mantienen con respecto a años anteriores.

SENTENCIA INDEMNIZACIÓN TRABAJADOR

La delegada de Gabinete Jurídico, Ana Blanco, valoró la sentencia del TSJEX por la que el Ayuntamiento tendrá que pagar un total de 30.050 euros, más los intereses legales, a un funcionario municipal que presentó un recurso de apelación contra una sentencia que dictaba que no tenía derecho a percibir esa cantidad en concepto de indemnización por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez. Según la sentencia, aunque se había aprobado, en Junta de Gobierno, la supresión del artículo donde se recogía esta prestación, aún no había sido publicada de forma oficial en el BOP y, por esta razón no se ha considerado, por parte de la Justicia, que tuviera efectos dicha resolución, ya que dicha incapacidad le había sido reconocida.

Para Blanco, la resolución es definitiva y, en consecuencia, el Consistorio deberá abonar esta cantidad al citado trabajador.

A continuación las declaraciones de la delegada Ana Blanco: