Contratos y convenios



La contratación de las distintas Administraciones Públicas, en sus distintas modalidades (obras, servicios, suministros, etc.), está sujeta a una serie de reglas que limitan la autonomía de la voluntad al contratar, muy diferente del régimen contractual de los particulares. Y ello, porque se manejan fondos públicos que administran en nombre de todos los ciudadanos.

Su regulación se contiene en el actual Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP). De este singular procedimiento se acuñan conceptos tales como libre concurrencia, licitación, pliegos, perfil contratante y otros. El procedimiento, asegurando el respeto de los principios de publicidad y libre concurrencia, trata de adjudicar los contratos a la oferta más ventajosa para los intereses generales.

El carácter especial de los contratos aprobados por la Administración obliga a la publicidad de todo el procedimiento. Con la Ley de Transparencia, se amplia esta obligación a los contratos menores (caracterizados por su excepcionalidad y baja cuantía), acabando así con la tradicional y reprochable opacidad que los caracterizaba.

Por otra parte, la colaboración y cooperación entre Administraciones y entre éstas y los particulares se traduce en Convenios de todo tipo. La obligación de transparencia obliga a la publicación de su objeto, partes firmantes y obligaciones económicas convenidas, plazo de duración, modificaciones realizadas y los obligados a la realización de las prestaciones.

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