- En este sentido, Fajardo considera que “esto supone un profundo desconocimiento del área de discapacidad y de las personas dependientes por parte de la Junta de Extremadura y de que las familias, para poder acceder a ese respiro, deben estar tranquilas”..
- Se han establecido, por decreto, “unos tiempos en los que saben que es imposible que la administración puede contratar, porque saben que cuando las administraciones locales puedan realizar los procesos de contratación, los tiempos de ejecución de esas ayudas están vencidos” ha señalado.
La Junta de Gobierno Local ha probado la renuncia a la subvención del plan Respira, de la Junta de Extremadura ya que entiende que la ayuda obvia totalmente los derechos de las personas con discapacidad, y que las cuantías asignadas y las formas de poder acceder a ese servicios son totalmente insuficientes.
La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, señala que “tratan de romper un modelo que funcionaba y que ha sido pactado con las entidades del Tercer Sector, que son quienes conocen realmente las necesidades de las personas con discapacidad y las personas dependientes y sus familias, que son expertas en los modelos de atención que van evolucionando de acuerdo con los Derechos de las Personas con Discapacidad”
En este sentido, Fajardo considera que “esto supone un profundo desconocimiento del área de discapacidad y de las personas dependientes por parte de la Junta de Extremadura y de que las familias, para poder acceder a ese respiro, deben estar tranquilas”.
Además, se han establecido, por decreto, “unos tiempos en los que saben que es imposible que la administración puede contratar, porque saben que cuando las administraciones locales puedan realizar los procesos de contratación, los tiempos de ejecución de esas ayudas están vencidos” ha señalado.
Por último, Fajardo ha insistido en que la Junta de Extremadura “está engañando a las familias, tratando de llevar a las personas dependientes a un modelo de privatización y rompiendo con el Tercer Sector esos pactos cuando debía haber financiado suficientemente los respiros que necesitan las familias mientras su familiar está atendido y es feliz”. En definitiva “pretenden que los ayuntamientos asuman unas competencias que no le corresponden”.
