El Pleno del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado hoy, por unanimidad de todos los grupos municipales (PSOE, PP, VOX, X Mérida y Unidas por Mérida), una declaración institucional para instar al Gobierno de España a la implantación de una oficina de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la ciudad, así como la posibilidad de que se vuelvan a realizar en Mérida los exámenes para la obtención del permiso de conducción.
La iniciativa responde a la necesidad de mejorar la prestación de servicios públicos en la capital de Extremadura, reforzando su papel como centro administrativo y funcional al servicio de una amplia población del territorio. Actualmente, miles de ciudadanos y ciudadanas se ven obligados a desplazarse hasta Badajoz para realizar trámites básicos relacionados con Tráfico, lo que supone una clara desigualdad en el acceso a los servicios públicos.
La declaración institucional subraya que el modelo organizativo de la DGT ya contempla oficinas en ciudades que no son capitales de provincia, atendiendo a criterios de proximidad, funcionalidad y vertebración territorial. En este sentido, Mérida cumple sobradamente con estos requisitos, prestando servicio a un área de influencia que supera los 300.000 habitantes del centro y oeste de la provincia de Badajoz.
Además, el texto aprobado destaca que la futura oficina no debe limitarse únicamente a la realización de pruebas teóricas, sino que debe ofrecer un servicio integral a la ciudadanía, incluyendo la expedición y renovación de permisos de conducción, matriculación y transferencia de vehículos, gestión de sanciones o atención a profesionales del transporte, entre otros trámites.
Con este acuerdo, el Ayuntamiento de Mérida solicita formalmente al Ministerio del Interior y a la Dirección General de Tráfico la implantación de esta infraestructura en la ciudad, atendiendo a criterios de equidad territorial, eficiencia administrativa y cercanía al ciudadano.
Asimismo, se dará traslado del acuerdo a las instituciones competentes, entre ellas la Delegación del Gobierno en Extremadura y la Junta de Extremadura.
El alcalde de Mérida ha destacado que “no se trata solo de una demanda de la ciudad, sino de una necesidad real de más de 300.000 extremeños y extremeñas que merecen acceder a servicios públicos en igualdad de condiciones, sin desplazamientos innecesarios”.
Con esta declaración institucional, Mérida da un paso firme en la defensa de sus derechos como capital autonómica y en su compromiso por seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos para toda la ciudadanía.
