La deuda del Ayuntamiento de Mérida es, en la actualidad, de 74 millones de euros, producto de la suma de 56 millones de euros de deuda financiera, 14 millones de euros que se les adeuda a los proveedores y otros 4 millones de euros a diferentes Consorcios, como el de la Ciudad Monumental o el Parque de Bomberos.
Así lo ha manifestado hoy la portavoz municipal Carmen Yáñez, en la rueda de prensa de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno, que ha señalado también que el remanente de tesorería es de menos 7 millones de euros, que es la diferencia entres gastos e ingresos.
La portavoz ha dicho que desde enero de 2015 el anterior gobierno municipal ha ido incumpliendo el pago medio a proveedores, que la ley cifra en 30 días de retraso; y añade que, “la media de enero a julio en el Ayuntamiento ha sido de 75 días”, lo que se traduce en que el Ministerio de Hacienda alerta al Ayuntamiento en el sentido de que podía retenerle el pago de tributos y ser el propio Ministerio el que lo hiciera de forma directa”.
Solamente se produjo una situación distinta el mes de mayo, cuando el Ayuntamiento recibió dos ingresos extraordinarios tras una sentencia del Tribunal Superior de Justica que obligó a la empresa San José (adjudicataria de la Ciudad Deportiva) a pagar una licencia de obra de 600.000 euros; y que se sumó a un adelanto de 2.200.000 euros que se pidió al OAR sobre impuestos. Fue el único mes que el Ayuntamiento cumplió, gracias a estos dos ingresos, que supusieron un total de 2.800.000 euros.
Con esta advertencia del Ministerio de Hacienda, de que se pueden retener tributos y tomar medidas excepcionales, “se deduce que la deuda municipal, a pesar de las manifestaciones del anterior alcalde o del grupo municipal del PP de que la situación municipal es de una economía saneada que puede permitir hacer frente a cuestiones sociales, la contratación de personal eventual o, por ejemplo, mantener el tipo del IBI sin subirlo, no se corresponden con la realidad”, dice Yáñez.
Y no lo es porque la deuda financiera a 1 de julio es de 56 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda, que han publicado periódicos nacionales, y que son datos que pueden verse en la Intervención municipal o en la web del Ministerio.
“De enero a mayo de 2015, el gobierno del PP contrajo deudas por obras electoralistas, que no eran necesarias ni que demandaban los ciudadanos, por 4 millones de euros”, añade la portavoz, que puso el ejemplo del polideportivo de La Paz, unas obras de acondicionamiento para y que están sin finalizar pero que se pagaron antes de dejar el gobierno municipal la anterior Corporación que, en cambio, no se pagaron servicios básicos como la teleasistencia o un servicio mínimo de mantenimiento como la escuela infantil, pero sí se utilizó en cambio dinero de la partida de Educación para comprar entradas de toros.
Se refirió la portavoz también a las dos grandes deudas con entidades bancarias del anterior gobierno para pagar intereses y deuda a proveedores, una de 9 millones de euros en 2013, y una segunda de 25 millones de euros en 2102, que aún no se han empezado a pagar porque tenían dos años de cadencia, “lo que significa que tendremos que empezar a pagar en enero de 2016”, dijo.
Por tanto, el Ayuntamiento ha tenido que aprobar un Plan de Tesorería que permita cumplir los plazos de pago a que la ley obliga, y que marca una serie de prioridades. Así se ha hecho ya en agosto, cuando se están pagando deudas de parte del mes de abril de 2015, como a los diversos concesionarios que dan servicios al Ayuntamiento como parques y jardines, limpieza, luz, telefonía, así como otros a medianas y pequeñas empresas.
OTROS ACUERDOS
La Junta de Gobierno aportó el pasado martes la información solicitada por la Junta para que el Ayuntamiento pueda poner en marcha el Plan Experiencia, para lo que se cuenta con 1.318.000 euros. Yáñez informó de que el próximo lunes el delegado de Recursos Humanos y Empleo dará más información al respecto.
La Junta conoció el horario de cierre en feria, que será hasta las 6 de la mañana para bares y restaurantes, y hasta las 7 para pubs y café concierto.
La Junta de Gobierno también adjudicó uno de los chiringuitos de Proserpina al que había renunciado su anterior propietario, y conoció un informe de la Policía Local, en el que se informaba de las amenazas del concejal del PP Juan Carlos Perdigón a los funcionarios de Nuevas Tecnologías, cuando se presentó en sus puestos de trabajo para fotografiar material informático.
“Perdigón no tenía permiso para hacerlo, por lo que esto supone un acoso a los trabajadores. Los funcionarios tienen derecho a un entorno laboral seguro y de respeto, por parte del equipo de gobierno y de todos los grupos municipales”, señala Yáñez, y añade que, “en la actualidad existe una situación de transparencia máxima por parte del equipo de gobierno; se les facilita a los grupos municipales el material necesario para que hagan bien su trabajo, se les responde a todo lo que solicitan y, por tanto, no entendemos esa postura coercitiva y prepotente de poner en una situación delicada a los funcionarios”.
“Los comportamientos de acoso y prepotencia con los trabajadores y grupos de la oposición, como hacía el anterior gobierno municipal, han terminado”, finalizó Yáñez.
