El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha participado esta mañana en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) donde se ha aprobado que los ayuntamientos y diputaciones provinciales y consejos insulares pondrán, con carácter voluntario, a disposición de la Administración General del Estado la totalidad de su Remanente de Tesorería para Gastos Generales minorado por los saldos de las cuentas de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto y por devoluciones de ingresos indebidos acumulado a 31 de diciembre de 2019, por el importe de las modificaciones de crédito aprobadas con anterioridad y por el que se estime que se destinará a inversiones financieramente sostenibles.
Para Antonio Rodríguez Osuna se trata de una cuestión sumamente importante porque afecta a todo tipo de ayuntamientos. “aquellos que formalicen una operación de préstamo con el Gobierno, recibirán hasta un 150% más de lo que den”. Osuna ha explicado como ejemplo, que “un ayuntamiento puede dar tres millones de euros el 31 de diciembre, y el Gobierno de España devolvería 1.500.000 de euros libres de techo de gasto y, posteriormente, el Gobierno devolvería íntegramente los 3.000.000 de euros, más sus intereses, en diez años a partir de 2022”. En resumen, si un Ayuntamiento presta tres millones, se le devolvería cuatro millones y medio.
La puesta a disposición de la totalidad de dicho importe a favor de la Administración General del Estado se concretará en la remisión al Ministerio de Hacienda hasta el 15 de septiembre de 2020 de un compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir esos recursos a la Administración General del Estado. Los compromisos habrán de estar vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021.
Estas transferencias tendrán carácter de préstamo de las Entidades Locales a la Administración General de Estado, y se materializarán, en un acto único, en el momento de la recepción de los fondos por parte de la Administración General del Estado en la cuenta que determine la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
La aplicación y transferencia de los recursos descritos en el punto anterior, se realizará de la siguiente forma: en el ejercicio 2020, el 40% y en el ejercicio 2021, el 60% restante. El importe íntegro del préstamo será amortizado en el plazo de diez años, a partir de 2022.
Otra cuestión importante es que se repite el Real Decreto Ley de Superávit con la novedad de que se pueda gastar el superávit en el año en curso sino en 2021, lo que beneficiará al Ayuntamiento de Mérida y a otros ayuntamientos.
El acuerdo se ha aprobado con el voto a favor de los alcaldes del PSOE y los votos en contra de los alcaldes populares, algo que ha lamentado el alcalde emeritense ya que “habrá que ver ahora cuántos de ellos se acogen a este decreto, porque no puede votar uno en contra de algo, solo por bloquearlo, y luego acogerse”: El Consejo de Ministros tendrá que validar el acuerdo y posteriormente, ser votado en el Congreso de los Diputados.
Declaraciones del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna:
