La Junta de Gobierno ha acordado la cesión a Avante de una parcela en el polígono industrial El Prado, para que ésta pueda prestar el servicio de gas a las empresas que lo soliciten, ya que el polígono carece de algunas infraestructuras y una de ellas es la distribución de gas. De éste y otros acuerdos ha informado hoy la portavoz Carmen Yáñez.
A la Junta de Gobierno de hoy se ha llevado también un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento, por el que el municipio cede a la Junta un espacio dentro del Vivero de empresas del centro Urban a la Junta, para que se pueda dar servicio, información y gestionar ayudas a los emprendedores y otras empresas que inicien su actividad o necesiten asesoramiento. El contrato se firma por dos anualidades (2016 y 2017), a cambio de 2.000 euros al año.
El Ayuntamiento ha acordado con el club Rotary para instalar el símbolo del club en la rotonda junto al Hospital, para que forme parte de la estética y urbanismo de la ciudad.
La Junta de Gobierno ha conocido un dictamen del Tribunal de selección de la plaza de un contrato temporal de psicólogo/a para la oficina de Violencia de Género, que está subvencionada por el Instituto de la Mujer. Como se recordará, hubo un recurso de IU y Mérida Participa que recogía que la relación familiar de la seleccionada de forma provisional y un concejal era motivo suficiente para impugnar el procedimiento, y que fuese la segunda persona de la lista la adjudicataria del puesto. Ahora, el Tribunal acuerda por unanimidad no estimar las alegaciones de IU y Mérida Participa en base a ley, “no existiendo a juicio de quienes suscriben el dictamen causa legal alguna que determine la modificación de la propuesta provisional emitida”, por lo que el Tribunal se reafirma en la primera propuesta, que elevará a definitiva.
La portavoz ha insistido en que el tribunal ha estado formado por técnicos y funcionarios municipales y de la Junta, por representantes sindicales y del propio Instituto de la Mujer de Extremadura, que subvenciona la plaza, y no ha formado parte de él ningún político, “lo contrario de lo que ocurría antes del 15 de junio de 2015, cuando incluso algunos miembros del tribunal recibían determinadas directrices”.
A preguntas de los periodistas, Carmen Yáñez ha dicho que la recaudación municipal está cuantificando lo que representa la exención del IBI de los servicios sanitarios, y ha aprovechado para recordar que Pedro Acedo permitió que su grupo político, el PP, en julio de 2015, “no repercutiéramos en los propietarios y titulares de la ciudad con un patrimonio de mayor riqueza el IBI, que vamos a dejar de cobrar en el Ayuntamiento, porque entendía el PP que no era un impuesto que afectara a aquellos que tienen una mayor riqueza y patrimonio”.
Al hilo de esta cuestión, Carmen Yáñez señaló que, “sí teníamos que empezar a plantearnos por qué al Arzobispado no se le cobra el IBI de los edificios o inmuebles que no prestan un servicio público, como pueden ser los servicios religiosos”.
Sobre la votación en contra para que la UME intervenga en el asunto del camalote, que se produjo por parte de algunos grupos políticos en la Asamblea, la portavoz municipal ha dicho que no todo vale en política: “Cuando se está en campaña, la responsabilidad de los representantes públicos y políticos sigue siendo la misma o más, y no se pueden utilizar los estamentos, ni los órganos ni las instituciones para hacer campaña electoral, y eximir las responsabilidades que todos tenemos, estando o no en el gobierno”. «Cuando se forma parte de un Parlamento o una Corporación, gobernemos o no”, finalizó Yáñez, “todos tenemos la misma responsabilidad, cada uno en un ámbito”.
En este sentido hay que decir que si el Ministerio declara la necesidad y urgencia, se podrán realizar contratos de trabajo forma rápida, acortando los plazos.
Carmen Yáñez, portavoz
